Confirmaron el procesamiento de Ricardo Jaime por coimas en la causa del tren bala
En la causa se investiga si hubo un pago de 1.000.000 de dólares a Jaime para que la firma resultara contratada para las obras para la instalación del "tren bala", como se denominó entonces ese proyecto que no llegó a concretarse.
La Cámara en lo Criminal Federal confirmó hoy el procesamiento del ex secretario de Transportes Ricardo Jaime por la recepción de coimas para favorecer a una empresa para la instalación de un tren de alta velocidad que uniría las ciudades de Buenos Aires y Córdoba.
Fuentes judiciales precisaron que la Sala I de la Cámara ratificó la medida y el embargo de 2.000.000 de pesos dictada a Jaime hace casi un año por el juez federal Luis Rodríguez, como autor del presunto delito de cohecho pasivo.
En cambio, el tribunal revocó el procesamiento como "partícipe necesario" del ilícito y dictó el sobreseimiento del también ex secretario de transportes Juan Pablo Schiavi, durante cuya gestión se dejó sin efecto el contrato firmado en 2008 con un consorcio de empresas encabezado por Alstom Argentina.
Jaime y Schiavi fue condenados a prisión, hace dos semanas, por el choque del tren en la terminal de Once, en esta capital, hecho que provocó la muerte de 51 personas y 789 heridos, el 22 de febrero de 2012.
En el sumario sobre el "tren bala", los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi llorel ordenaron además que se evalúe si la causa está o no prescripta con relación a Julián y Manuel Vázquez y los representantes de Alstom, Thibault Peters Desteract y Jean Daniel Lainé.
En la causa se investiga si hubo un pago de 1.000.000 de dólares a Jaime para que la firma resultara contratada para las obras para la instalación del "tren bala", como se denominó entonces ese proyecto que lo llegó a concretarse.
Según la denuncia, para transferir la "coima" se habría simulado la contratación de la consultora Caesa, vinculada a Julián y Manuel Vázquez, colaboradores de Jaime.
En 2009 y 2010, Schiavi suscribió documentos para que la relación contractual con Alstom se mantuviera vigente, "condición necesaria para que el pago prometido pudiera efectivizarse", pero los camaristas concluyeron que no se probó que el ex funcionario estuviera al tanto del soborno.
La defensa de Jaime argumentó que el llamado a licitación para la instalación del "tren bala" fue una decisión del Poder Ejecutivo Nacional, y cuestionó que se discutiera judicialmente sobre el mérito y la conveniencia de una medida de la administración pública.
La defensa expuso que el contrato no generó un perjuicio al Estado porque no llegó a ejecutarse, pero los camaristas recordaron que en esta causa no se investiga la contratación de una obra pública, sino que "se ciñe exclusivamente al pago de un precio" para direccionar la voluntad estatal.
"No es la necesidad o la inconveniencia, el acierto o el yerro de la obra en sí lo que se juzga en el caso -propio de una posible defraudación o malversación de fondos-, sino el que la licitación haya sido guiada por un ánimo corrompido por la promesa dineraria", consignó la resolución.
El tribunal remarcó la contradicción de contratar a Caesa "para desarrollar innumerables funciones" que Alstom debió ser capaz de afrontar para ganar la licitación, y que "en otro evento de similares características se tuvo por comprobado" que aquella "funcionaba como puente" para canalizar el dinero que Jaime "obtenía de sus negocios espurios".
El proyecto del Tren de Alta Velocidad fue anunciado en abril de 2006 y dos años después se firmaría el contrato, que estimaba un plazo de 36 meses para concretar la obra, a un costo aproximado de 4.000.000.000 de dólares para su ejecución.
Cuando se anunció el proyecto, se dijo que el "tren bala", a una velocidad máxima de 320 kilómetros por hora, uniría en 85 minutos la terminal de Retiro, de esta capital, con la de Rosario, y en tiempo similar se podría llegar de ésta ciudad a la de Córdoba.